Sé que criticar un llamado a la solidaridad es “políticamente incorrecto”, sin embargo, creo que en el caso que expondré es necesario hacerlo para ilustrar los graves errores que pueden cometerse a nivel de políticas públicas cuando no existe una adecuada comprensión de los procesos de interacción social. O lo que es lo mismo, los errores que se comenten cuando la política pesa más que el razonamiento.

La situación

A partir de este mes de mayo, todos los propietarios de vehículos de El Salvador están obligados a pagar el FONAT (aquí un video que lo explica), una iniciativa del gobierno para crear un fondo de atención a víctimas de accidentes de tránsito, principalmente. La campaña publicitaria que acompaña el arranque del FONAT utiliza, entre otras, la siguiente frase: “la solidaridad es la solución”. Este llamado a la solidaridad ha sido uno de los principales mensajes con los que los titulares del gobierno han defendido la creación del fondo.

La crítica

El FONAT ha sido ampliamente criticado desde diversas perspectivas (ejemplos aquí, aquí, aquí), pero me concentraré en la que encuentro más importante para este análisis. Ésta puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿no es más eficiente y sensato hacer obligatoria la adquisición de un seguro de daños a terceros? De esta manera, los que se ven involucrados en más accidentes pagarían más (sus primas de seguro incrementarían año con año). Es decir, hay una motivación o incentivo para ser un conductor responsable, algo que definitivamente no se consigue mediante el FONAT, por más que se apele a la solidaridad.

Para comprender mejor esta idea es necesario recurrir a un concepto de amplio uso en la economía y la sociología: las instituciones.

Las instituciones sociales

Lo primero que hay que hacer para comprender este concepto es dejar de lado las evocaciones que nos trae su uso cotidiano. Desde una perspectiva sociológica, las instituciones NO SON entidades legalmente constituidas, como por ejemplo una escuela (institución educativa), un ministerio (institución de gobierno) o un partido político (institución política). Las instituciones SÍ SON normas de comportamiento que vamos aprendiendo en nuestras interacciones sociales hasta el punto de adoptarlas y considerarlas el deber ser de nuestro comportamiento en un momento determinado. Ya en un post anterior había explicado el concepto de institución, basándome en las ideas de Peter Berger y Thomas Luckmann.

George Ritzer sintetiza la mirada de estos autores sobre las instituciones cuando sugiere que se trata de un “proceso de externalización [en el que] las personas suelen desarrollar pautas habituales de acción e interacción en situaciones recurrentes” (Ritzer, 1993, pág. 284).

Esta concepción de las instituciones es compatible con la ofrecida por la nueva economía institucional, que el economista Martín Krause expone de la siguiente manera:

Llamamos “instituciones” a las normas que nos permiten coordinar las acciones de los individuos en la sociedad, las que nos dan previsibilidad respecto a las acciones de los demás (. . . .) [L]as instituciones sociales son el resultado  de conductas regulares no planificadas por los individuos para hacer frente a los problemas que enfrentan (. . . .) Desde este punto de vista las instituciones son mecanismos de comunicación por medio del cual un individuo, ajustándose a cierta norma o institución, envía información hacia los demás para que estos puedan guiar sus acciones que tengan que ver con el emisor [énfasis añadido]. (Krause, 2007, págs. 122 – 124)

Como puede verse, hablar de instituciones es hablar de comportamientos que son el resultado de un proceso de comunicación en el que se comparten símbolos y significados.

Las consecuencias institucionales del FONAT

Una medida gubernamental como el FONAT evidentemente genera una nueva institución en la medida en que construye una nueva realidad para los automovilistas del país y, por lo tanto, nuevos significados, comportamientos e interacciones. Debiera ser ejercicio riguroso entre gobernantes y legisladores (y gerentes) preguntarse cuáles son las características de las instituciones que producen con sus decisiones y, en casos como éste en particular, si es factible propiciar una institución “solidaria” por decreto.

Pero ya que aparentemente no se hace el ejercicio cuando corresponde, intentémoslo nosotros: ¿qué norma de comportamiento fomenta el FONAT en los conductores? Imagino una inspirada en el siguiente razonamiento: “si atropello a una persona el Estado y su sistema de salud se ocupará de ella; yo no tengo que preocuparme”. Ahora intentemos replicar el razonamiento de alguien con un seguro privado de daños a terceros: “si atropello a alguien mi seguro cubrirá su atención en un hospital privado, el próximo año seguramente incrementará mi seguro, por lo que debo ser más cuidadoso al conducir”.

En el primer caso, el conductor no adquiere una responsabilidad directa por sus acciones (intencionadas o no intencionadas); las consecuencias las pagamos todos los contribuyentes. En el segundo caso, hay una consecuencia directa para el conductor que se traduce en un mayor pago en su seguro. Más de alguien pensará que es absurdo reducir el análisis al pago de una mayor prima de seguro, pues lo importante es la atención a la víctima. Y es cierto. Como también es cierto que la atención a la víctima será mucho mejor en el caso que involucra a una persona con un seguro privado.

La comunicación está en todas partes

O lo que es lo mismo: todo comunica. Como puede verse, una disposición legal tiene un valor comunicacional inmenso, capaz de moldear las normas de comportamiento de los individuos. Pero eso no significa que el gobernante o legislador tenga la capacidad de programar comportamientos y, sobre todo, valores como si las personas fuéramos máquinas.

Finalmente, espero que no se me malinterprete, no pretendo afirmar que la solidaridad es negativa. Al contrario, es un valor que debe cultivarse, pero su existencia solo es posible cuando hay voluntad entre las partes. Lo que me parece incorrecto es evadir la responsabilidad individual en nombre de una solidaridad artificial.  De ahí que la respuesta a la atención de víctimas de accidentes no esté en la solidaridad, sino en la responsabilidad individual.

Referencias

Krause, M. (2007). Competencia institucional y control de los custodios. Revista de Instituciones, Ideas y Mercados No. 47, 111 – 164.

Ritzer, G. (1993). Teoría Sociológica Contemporánea. Méxic D.F.: McGraw-Hill.